Firma de Acuerdo para la Construcción de la Paz en Colombia

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El pasado 24 de Agosto en la Habana (Cuba), se firmo el Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre el Estado Colombiano y la FARC-EP. Mediante comunicado adjunto las delegaciones de negociadores suscribieron el documento final por el cual se le da cierre a casi cuatro años de negociaciones después de instalada la mesa de diálogos en La Habana.

El Gobierno Colombiano y las FARC-EP, mediante comunicado conjunto presentado al pueblo Colombiano anunciaron la culminación de una histórica negociación que pone fin al conflicto armado más antiguo del continente: “Hemos acordado suscribir el presente acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años”, dice el comunicado conjunto leído en La Habana por los garantes de Cuba y Noruega.

El Acuerdo Final incluye seis puntos vinculados a temas vitales para sentar las bases de una paz estable y duradera, con inclusión social, fortalecimiento de la democracia y participación en la vida política sin recurso a la violencia, los puntos pactados integran:

Punto 1: “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación del campo y creación de las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Punto 2: “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, Este acuerdo busca fortalecer la participación de todos los colombianos en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. Busca la ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica y el rompimiento definitivo del vínculo entre política y armas, así como abrir la puerta para que en Colombia se integren a una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización. En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación

Punto 3: “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas;  Garantías de  Seguridad; y Acuerdo sobre Refrendación”, Este Acuerdo tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

Punto 4“Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera, es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. En el marco del fin del conflicto será posible dar un tratamiento diferenciado a este problema promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la trasformación de los territorios afectados, dando la prioridad que requiere el consumo de drogas ilícitas bajo un enfoque de salud pública e intensificando la lucha contra el narcotráfico.

Punto 5 “Víctimas del Conflicto Armado”, Por el cual se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz. El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6 “Mecanismos de implementación, verificación y refrendación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa. Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.

Luego de la firma del acuerdo de seis puntos sustanciales, para hacerse efectivo, deberá someterse a aprobación o rechazo del pueblo colombiano mediante un plebiscito que se realizará el 2 de octubre de 2016, la cita democrática en el que los y las Colombianas deberán responder a la pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”

Descargue el Acuerdo Final para la terminación del conflicto aquí: Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

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Declarada Inconstitucional la Ley de Amnistía General en El Salvador

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador

El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaro inconstitucional la Ley de Amnistía que en 1993 perdonó crímenes cometidos durante la guerra civil que asoló al país entre 1980 y 1992. El comunicado de prensa de la Sala Constitucional señala: “La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 es inconstitucional por ser: contraria al derecho, al acceso a la Justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales”.

Citando a la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales en la materia, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la cuestionada ley, “debido a que la extensión objetiva y subjetiva de la amnistía es contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales […], porque impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos”.

El dictamen toma en cuenta que en los Acuerdos de Paz firmados en 1992, “no  se  hizo  ninguna  alusión  expresa  a  la  amnistía”, y que por el contrario, en los mismos “se  pactaron cláusulas  tendentes  a  combatir  la  impunidad  y  garantizar  la  justicia en  las  graves  violaciones  a  los  derechos humanos  sucedidas  en  el  conflicto  armado”.

El comunicado de prensa agrega que la ley también violenta el “derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario”.

Descargue aquí: Comunicado de Prensa de la Sala de lo Constitucional

 

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Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Declaración Americana Pueblos Indigenas

El pasado 15 de junio, en el marco del 46 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizado en Santo Domingo, los Estados Miembros aprobaron la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, primer documento hemisférico que busca su promoción y protección.

Luego de 17 años de negociaciones, la Asamblea dio un paso histórico en cuanto al reconocimiento, la promoción, y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Si bien el proceso no fue  fácil, puesto que la OEA ha venido trabajando en el texto desde el año 1999, la adopción de este instrumento es un ejemplo del interés y el compromiso de los Estados miembros y de los pueblos indígenas en nuestro hemisferio de llegar a un acuerdo consensuado y a promover el respeto y garantía de este conjunto fundamental de derechos.

La Declaración es una contribución importante al desarrollo de estándares internacionales adoptados con miras a proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y debe leerse en conjunto con otros instrumentos internacionales tales como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, y los tratados especializados del sistema interamericano y universal de derechos humanos.

Los representantes reconocieron este acto como una reivindicación significativa a favor de los pueblos originarios de las Américas, tras  sufrir la segregación, indiferencia y pérdida de su hábitat natural. Cabe resaltar que en las Américas habitan 50 millones de personas que se autodefinen indígenas.

Las principales innovaciones, tanto a nivel de derechos individuales como colectivos, son las siguientes:

  • La autoidentificación como pueblo indígena es determinante para determinar a quienes aplica la Declaración
  • Los indígenas tienen derecho a la libre determinación
  • Igualdad de género: las mujeres indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos
  • Las personas y comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, tradiciones y costumbres de pertenencia a cada pueblo
  • Los Estados reconocerán plenamente su personalidad jurídica, respetando las formas de organización y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos contenidos en la Declaración
  • Tienen derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural
  • Tienen derecho a no ser objeto de forma alguna de genocidio
  • Tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia
  • Tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio cultural
  • Tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos
  • Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, tienen derecho a permanecer en dicha condición y vivir libremente y de acuerdo a sus culturas
  • Tienen los derechos y las garantías reconocidas por la ley laboral nacional y la ley laboral internacional
  • Tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido

Descargue la Declaración en el siguiente enlace: Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

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Informe Temático: Violencia contra Personas LGBTI en América

 

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Nota: Portal de noticias CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publico un informe regional sobre la violencia perpetrada contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) o percibidas como tales, o personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativas, o cuyos cuerpos difieren del estándar socialmente aceptado de los cuerpos masculinos y femeninos. En varios países de la región se han registrado avances significativos en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI, pero continúan registrándose altos índices de violencia en todos los países de la región. Esta violencia, tal como lo demuestran los múltiples testimonios que recoge el informe, tiene altos niveles de ensañamiento y crueldad. Asimismo, hay una invisibilidad de la violencia cotidiana que afecta a estas personas que no se denuncia ni se reporta en los medios.

El informe se enfoca en la violencia contra las personas LGBTI como un fenómeno social, complejo y multifacético, y no sólo como un hecho aislado o acto individual. Por ejemplo, la violencia contra las personas intersex está basada en prejuicio hacia la diversidad corporal y, específicamente, contra las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino y femenino. La violencia que sufren las personas intersex difiere de la que por lo general sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT). Muchos de los actos de violencia contra las personas LGBT, comúnmente conocidos como crímenes de odio, se comprenden mejor bajo el concepto de violencia por prejuicio motivada por las sexualidades e identidades no normativas. Las orientaciones e identidades sexuales diversas desafían las nociones fundamentales sobre el sexo, sexualidad y género heteronormativas. En este sentido, la violencia y la violencia sexual contra las personas LGBT son utilizadas para sancionar y denigrar a las personas que se ubican fuera de estos conceptos en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, esta violencia tiene un impacto simbólico, ya que envía un mensaje de terror a toda la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans.

La CIDH insta en el informe a los Estados Miembros de la OEA a investigar y sancionar los crímenes y actos violentos contra las personas LGBTI con debida diligencia. Considerando el alto número de actos de violencia y el ensañamiento y crueldad con que son perpetrados, se recomienda que siempre que se abra una investigación, se incluya la hipótesis de que pueda haber sido violencia por prejuicio. Asimismo, los Estados deben recolectar información estadística de manera sistemática sobre la violencia contra las personas LGBTI y sobre el acceso a la justicia, que permita identificar los motivos de las alarmantes tasas de impunidad. También se recomienda a los Estados adoptar medidas amplias a fin de combatir la discriminación, los prejuicios y los estereotipos sociales y culturales contra las personas LGBTI. Los Estados deben adoptar medidas preventivas y educativas para responder y combatir el discurso de odio contra las personas LGBTI y derogar las leyes que criminalizan las relaciones sexuales y otras expresiones de intimidad consensuales entre personas del mismo sexo en privado y las expresiones de género no normativas. El informe contiene más de 100 recomendaciones a los Estados para abordar y resolver este grave problema.

Descargue el informe en el siguiente enlace: Informe CIDH Violencia Personas LGBTI

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Estándares jurídicos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres

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El pasado 18 de noviembre de 2015, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) público el informe Estándares jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres”. 

El documento hace un análisis de los estándares jurídicos adoptados por el sistema interamericano de derechos humanos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres, así como también del impacto de las recomendaciones y decisiones judiciales emitidas por la CIDH en las sentencias emitidas en cada país. Para ello, la CIDH identificó un número significativo de sentencias judiciales resueltas por distintos tribunales a través de América en donde se ha hecho referencia explícita a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos vinculados a la discriminación y a la violencia con causas específicas de género. 

Esta edición especial cuyo lanzamiento se dio con ocasión de la conmemoración del 20 aniversario de la Convención Belém Do Pará, incluye el texto original aprobado por la CIDH el 3 de noviembre de 2001 y una actualización aprobada el 26 de enero de 2015. La actualización incluye información de desarrollos claves en la adopción de estándares jurídicos en los ámbitos de los derechos de las mujeres y la igualdad de género entre el 2011 y el 2014.

La CIDH se ha pronunciado de forma reiterada sobre la impunidad por violaciones a los derechos humanos como uno de los principales obstáculos para la vigencia del Estado de Derecho en la región. Ello exige de los Estados la adopción de medidas inmediatas y comprehensivas para combatir este grave problema. Sin embargo, aún en la presencia de diversos esfuerzos públicos, la Comisión destaca el panorama de desigualdad social y obstáculos en el acceso a la justicia, contribuyendo a perpetuar problemas como la discriminación contra las mujeres y sus formas más extremas.

Descargue el informe aquí: Estándares Jurídicos – igualdad de género y derechos de las mujeres

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Corte Constitucional aprueba adopción a parejas del mismo sexo en Colombia

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5 de noviembre de 2015. La Corte Constitucional de Colombia ha aprobado este miércoles la adopción igualitaria, entre personas del mismo sexo. La decisión fue tomada durante la sesión de la Sala Plena de la Corte que resolvió una demanda contra tres artículos del Código de Infancia y Adolescencia (art 64, 66 y 68) que buscaba ampliar las condiciones para adoptar en Colombia y garantizar el derecho de los menores a tener una familia.

La votación con 6 votos a favor y 2 en contra, liderada por el magistrado Jorge Iván Palacio (ponente de la iniciativa), declaró constitucionales las normas del Código de Infancia y Adolescencia que rigen el trámite de adopción, pero las condicionó para evitar que la orientación sexual o de género de los solicitantes sea un criterio válido para definir si se trata de personas aptas e idóneas para cuidar a un menor.

En esta ocasión, la Corte Constitucional ha revertido la estrategia y en lugar de plantear una modificación sobre el derecho de los homosexuales ha decidido hacerlo sobre los derechos del menor a tener una familia. En los debates primó la posición de reconocer que las parejas homosexuales son tan idóneas como las heterosexuales para criar a niños adoptados.

Bajo esta histórico fallo las familias homoparentales desde la notificación y ejecución del fallo, podrán realizar el trámite correspondiente ante el ICBF para adoptar a un menor. En este aspecto la Corte ha sido enfática en determinar que si la entidad, en este caso el ICBF, los excluye del proceso por su orientación sexual ese hecho debe ser interpretado como una violación a la ley.

El tribunal con esta decisión ha determinado que impedir a un niño ser adoptado por una pareja homosexual es tanto como violar sus derechos a pertenecer a una familia, primando así el interés superior del niño en la decisión adoptada. Colombia se une así a México, Uruguay, Argentina y Brasil, países de América Latina en los que los homosexuales ya disfrutaban de este derecho.

Vea el comunicado de la Corte Constitucional: Corte Constitucional – Comunicado No. 50 del 4 de noviembre de 2015

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Lanzamiento de nueva sección del Sitio Web de la CIDH dedicado a las Soluciones Amistosas

unnamed30 de octubre de 2015. En 2011, la CIDH instaló el Grupo de Soluciones Amistosas, el cual sentó las bases para el fortalecimiento del mecanismo, a través de la elaboración de un diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades del procedimiento, así como las medidas que se han implementado a lo largo del tiempo.

Sobre estas bases la Comisión ha consolidado el fortalecimiento del mecanismo por medio de la promoción de su utilización a través de la difusión de información sobre el procedimiento entre los usuarios del sistema, en seminarios y talleres,  y las ventajas que ofrece tanto a peticionarios como a Estados. En consonancia con lo anterior, la Comisión ha considerado indispensable la elaboración de herramientas de apoyo que sirvan a los usuarios durante el inicio y trámite del proceso que se encuentran en esta página.

Por ello, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó una nueva sección en su Sitio Web y una guía práctica, dedicadas a promover el mecanismo de Soluciones Amistosas.

Para ingresar a la nueva sección:  http://www.oas.org/es/cidh/soluciones_amistosas/default.asp

Para descargar la guía: Guía Práctica sobre el uso del mecanismo de soluciones amistosas

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